ERP. La Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Sullana, dirigió un operativo de interdicción en contra de la minería ilegal que se desarrollaban en el cauce del río Calvas, en el distrito ayabaquino de Jililí. La diligencia realizada al medio día del 14 de junio, contó con la participación de personal policial del Departamento Desconcentrado de Medio Ambiente de Piura al mando del Cmte PNP Francisco Santillan Zuta y el inspector de la DREM Piura Kenji Aritomi Guerrero.
El Fiscal Provincial Néstor Sosa Carrillo y la fiscal adjunta, Silvia Neyra Herrera, de la mencionada Fiscalía, lideraron esta importante interdicción en el lado peruano del río Calvas, donde en un área de aproximadamente cuatro hectáreas, se venían realizando actividades mineras de extracción de oro.
A su vez, las autoridades encontraron una clasificadora de oro tipo “Z”, empleada para el lavado de material aurífero, cuatrocientos metros de manguera de 2”, quinientos metros de manguera de 4”, dos tanques portátiles con cuatrocientos galones de combustible, Quinientos m3 de piedra y arena apilados; además, se verificó que existen dos pozas de 15 metros de ancho por 15 metros de largo, con una profundidad de 5 metros. Ante esta situación, los representantes del Ministerio Público, ordenaron la incineración de todos estos bienes.
Asimismo, se halló un tanque portátil con cuatrocientos galones de combustible, trescientos metros de manguera de 2”; y, mientras en área cercana se encontró dos motores generadores de corriente, una clasificadora de oro tipo “Z”, empleado para el lavado de material aurífero, una bomba de agua estacionaria con su respectivo motor y dos baterías.
Por su parte, al ser consultado, el personal de la DREM Piura, que también participó del operativo, si el lugar cuenta con autorizaciones para el beneficio de material aurífero pluvial, el especialista indicó que en dicha zona no existen autorizaciones, razón por la cual el Fiscal Néstor Sosa Carrillo, como representante del Ministerio Público, en cumplimiento al Decreto Legislativo 1100, dispuso la destrucción e inutilización de los equipos y maquinarias halladas.
Para llegar al lugar, las autoridades tuvieron que ingresar por una trocha, en un recorrido de 30 minutos caminado, situación que habría sido aprovechada por los mineros ilegales para abandonar el lugar, cruzando el Rio Calvas con dirección al Ecuador, siendo imposible su captura e identificación. Se investiga el delito de Minería Ilegal Metálica.
