Pariñas/Talara (ERP). Las estadísticas que se registran en la Policía Nacional deben servir para situar a la población talareña ante una realidad tan incómoda como insostenible: la prevención y el castigo de las agresiones sexuales, comenta el psicólogo del Minsa Talara, Lic. Víctor Bossio Rodríguez.
La PNP de Talara Alta acaba de capturar a Irving Joel de la Cruz Ruíz para quien la Fiscalía ha solicitado cadena perpetua por el presunto delito de violación sexual en agravio de su sobrina política de las iniciales T.M.M., una menor de apenas 11 años de edad.
Por otro lado, Bernardo Mogollón denunciado por presunta violación y dejar embarazada a la menor de las iniciales G.S.Ch (14 años) se encuentra en libertad pese a que el hecho está judicializado, según la denuncia de Juan y José Zapata familiares de la víctima.
Estos son apenas dos casos del largo listado de denuncias por las cuales los familiares esperan que se haga justicia.
Según el psicólogo Bossio Rodríguez, los instintos hereditarios masculinos más primarios no están dominados como debería y aún está muy extendida la despreciable tesis de que en no pocas agresiones sexuales media cierto consentimiento o –peor aún– provocación por parte de la víctima.
Lamentablemente, y a pesar que las víctimas quedan marcadas de por vida, el calvario que sufren quienes pasan por esta traumática experiencia se prolonga a menudo en el juicio, donde se coloca a víctima y victimarios casi al mismo nivel, menciona el especialista en Salud Mental del Minsa Talara.
Preocupa, agrega, que muchas veces queda la sensación que los jueces tendrían algún interés en proteger la imagen de los acusados.
“La presunción de inocencia está acorde con la garantía que debe brindar el sistema judicial peruano (tan venido a menos en los últimos días), pero no puede implicar un dolor añadido para la persona perjudicada”, acotó.
Finalmente, dijo que urge que el Estado peruano asuma nuevos parámetros respecto de los delitos sexuales, porque ninguna tolerancia ni consideración hacia quienes usan la fuerza y ocasionan graves daños físicos y psicológicos a las mujeres.
“No solo basta la promulgación y publicación de leyes para detener y prevenir los problemas sociales del país, sino que se requiere de presupuesto para que se implementen y éstas (las nuevas normas legales) surtan efectos”, sentenció.
